Jueves Abril 27, 2017

Fernando

CÚPULA POLÍTICA

Gastazo en la CDMX: 70MMDP

  • Cambiar el DF afectará hasta la nomenclatura
  • Per cápita, cada ex defeño debe 7 mil 424 pesos
  • Repercusiones en papelería, actas, licencias...
  • Inconsistencias legales para el Estado número 32
  • Reforma mocha dará entrada a Estado-Ciudad
  • Un grupo privilegiado de políticos decidirá el futuro
  • No habrá referéndum; sólo atole con el dedo

Dejar que la capital del país deje de ser una agencia de la Federación y esté a la altura de Berlín o Buenos Aires, donde son Estados-Ciudad, implicará un gasto superior a los ¡70 mil millones de pesos! porque, la reorganización administrativa y burocrática de las 16 delegaciones que se convertirán en alcaldías, conllevará hasta la sustitución de la nomenclatura en cada esquina del otrora Distrito Federal, incluyendo cambios en actas de nacimiento, papelería oficial, licencias de conducir, comerciales, de funcionamiento, permisos, cambios de boletas de agua, predial y otros impuestos, por citar algunos aspectos. 

La deuda actual de la Ciudad de México es una de las más altas del país, comparada con las de otros estados de la Federación: ascendió a 67 mil 424.3 millones de pesos, al mes de junio del 2015. O sea, per cápita, cada habitante de nuestra capital debe 7 mil 538 pesos, como lo estima en datos más recientes, el diputado local a la VII legislatura de la ALDF, Andrés Atáyde Rubiolo y lo compara, por ejemplo con los mil 429 pesos que debe cada ciudadano del estado vecino de Puebla, en ese mismo período. 

La de la capital del país contrasta y supera a la deuda del estado de Nuevo León, que registra una deuda de 61 mil 077 millones de pesos; la de Chihuahua es de 41 mil 926 millones de pesos: la de Veracruz, 40 mil 952 millones de pesos; la del Estado de México asciende 39 mil 173 millones de pesos y le sigue la de Coahuila con  37 mil 214 millones de pesos. 

La danza de millones en la capital del país ya empezó, al definir ya los principales partidos políticos como el PAN, PRD, PRI y Morena, sus candidatos para la elección del Constituyente que se celebrará el 5 de junio próximo, tal como lo acordaron, las fuerzas de izquierda al sellar el Pacto por México en el 2012, al arranque de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

El PRD, como se recordará, soñaba con la reforma política en el DF y por ello, entre otras cosas, dieron el respaldo a las reformas educativa, energética, de telecomunicaciones, fiscal y política que buscaba Peña Nieto, hace tres años y, por el desconocimiento de los legisladores crearon un mamotreto legaloide en el que los diputados y senadores crean la Ciudad de México, pero no será el estado número 32, dado que no se sustenta jurídicamente. 

Los diputados federales y senadores modificaron 54 artículos de la Constitución para que la Ciudad de México tenga atribuciones como los otros 31 estados de la República, pero pasaron por alto, situaciones jurídicas que son ahora cuestionables y pone en entredicho la validez jurídica de quienes las aprobaron. 

En opinion de Iván Jair Estrada Acero, de la Universidad Autónoma de Juárez, estudioso del Derecho, asegura que la reforma política ya en vigor no dio paso a la erección del estado número 32 de la República Mexicana, dado que la Ciudad de México no cuenta con la autonomía constitucional que caracteriza a las entidades federativas en un sistema federal.

Cita que bajo el concepto del jurista español Luis Sánchez Agesta se establece que el titular del Constituyente originario no es quien desee serlo, ni quien se considere legitimado para serlo, sino quien puede. Bajo esta idea, el poder constituyente podría presidirse por un monarca, un dictador, una oligarquía o por el pueblo. Si nos sujetamos a la primera noción, añade, tendremos que la asamblea (constituyente) prevista en la reforma política es un poder constituyente por tratarse de un órgano de carácter excepcional que de él  una Ley Fundamental (Constitución); si acudimos a la segunda, es un poder constituyente porque no importa quien es su titular, sino sus condiciones de emitir un documento vinculante y eficaz.

En contraposición, el constituyente mexicano Jaime Cárdenas Gracia, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, define al poder constituyente como "una fuerza, poder o autoridad política que tiene la posibilidad en situaciones concretas, para crear, garantizar o eliminar una Constitución...En condiciones demócraticas, el titular o sujeto del poder constituyente es el pueblo". 

Ahora bien, hace hincapié Estrada Acero, el concepto de pueblo no debe ajustarse en la representación política mediante la cual sólo algunos toman decisiones por otras. En la actualidad, desde la perspectiva democrática "el pueblo debe comprender a la mayoría de los individuos que representan los diversos sectores de un nuevo régimen político, económico y social". 

Esta tesis la defienden los constitucionalistas democráticos, sin embargo, contrasta con la situación de la Ciudad de México, pues "no es el pueblo quien decidirá su futuro, sino un grupo privilegiado de políticos".

Así es, este grupo de políticos privilegiado, comandado por Porfirio Muñoz Ledo, quien tiene oficinas frente a la Plaza de la Constitución, por órdenes de Miguel Ángel Mancera, propondrán, deliberarán y votarán bajo la lógica de sus intereses partidistas, la nueva Constitución para la Ciudad de México. 

Iván Jair Estrada Acero establece, en abono a su crítica a la reforma política, que conforme al artículo 122, de la Carta Magana, la Ciudad de México no es una entidad federativa y tampoco es un estado miembro de la Unión  (artículo 44) y a esta contradiccion sólo le podemos dar la siguiente explicación: el desconocimiento de los legisladores sobre la dogmática constitucional política del sistema federal. 

Entonces, por carecer de una autonomía constitucional, la Ciudad de México no es Estado ni entidad federativa, además, la convocatoria para conformar la Asamblea Constituyente fue regulada por un poder revisor de la Constitución y, en este punto, subraya el estudioso de Derecho que parte del contenido que habrá de tener la Constitución local ya está redactado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por si fuera poco, los poderes constituídos elegirán al 40 por ciento de los constituyentes en detrimento de la autonomía capitalina". A eso se suma, el "es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del DF elaborar y remitir el proyecto de la Constitución  Política de la Ciudad de México que será votada por la Asamblea Constituyente". 

En síntesis, no se formará un nuevo Estado, sino que esta Asamblea extra ordine será la encargada de mantener el carácter extra sui generis de la Ciudad de México.

 

DESPILFARRO DE MILLONES 

 

El Instituto Nacional Electoral ya revelo que, para la elección de la Asamblea Constituyente se gastarán unos 600 millones de pesos. En esta cifra se incluyen las partidas que se darán a los partidos políticos para que hagan campaña y que propondrán a la ciudadanía 60 candidatos (por cada instituto político participante, así como algunos independientes que alcancen a juntar más de 70 mil firmas) para que sean ungidos en el primer domingo del mes de junio entrante. 

La organización de los comicios en esta ciudad capital y toda la parafernalia de una jornada así se llevará muchos millones de pesos.

A esto se sumará, por ejemplo, que una vez electos los 60 integrantes de la Asamblea Constituyente y que  se den a conocer los 40 nombres de los designados: seis, de Enrique Peña Nieto; 28 del Congreso federal; seis de  Miguel Ángel Mancera, se tendrán que contratar más de 400 auxiliares y secretarias  (4 por cabeza, ya se contabilizó)  para que ayuden a los cien asambleístas a trabajar en este proyecto y aunque no cobrarán salario -se afirma son honorarios, o sea sin sueldo- , si se les tendrán que adecuar oficinas por otros 300 ó 400 millones de pesos en la vieja casona de Xicótencatl, donde antes despachaban los 128 senadores, pero en la remodelación desaparecieron los cubículos legislativos.  

Así que, en plena austeridad, a seguir gastando. 

A esto se sumarán los acuerdos y reorganización administrativa en la estructura de las 16 delegaciones, así como las dependencias de la Jefatura de Gobierno, relativas a trámites y demás. 

Se estima que a la estructura burocrática se sumarán de 12 a 15 concejales en cada delegación que será convertida en alcaldía, o sea más sueldos y más gastos que tendrán que afrontar los capitalinos. 

Conservadoramente, el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México en nomenclatura y todo lo que implica en papelería y reorganización administrativa equivaldrá a más de  70 mil millones de pesos. 

Esa cantidad serviría para el pago de la deuda que tiene el Gobierno de la Ciudad de México, pero, como dice orgulloso Porfirio Muñoz Ledo, el proyecto de Constitución contempla cobrar al Gobierno una cuota de capitalidad "por los servicios que damos a las agencias federales  y sedes diplomáticas. Cambiamos la relación de súbdito a anfitrión". 

El ex priista, fundador del PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas, ex secretario de Educación, de Trabajo y Previsión Social, ex embajador de México en la ONU, curtido en batallas políticas, cree que ésta será la "primera gran Constitución del siglo XXI", aunque, claro, cueste muchos miles de millones de pesos y los partidos políticos, como el PRD, lanzaron de candidatos a periodistas para legitimar su proyecto; el PAN a viejos militantes, como Santiago Creel, Teresa Gómez Mont; el PRI a la vieja guardia como Irma Cué  y dirigentes locales de los sectores y los otros partidos a artistas, como si supieran mucho de leyes y de lo que necesita la ciudadanía en una nueva Constitución. 

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