Martes Marzo 28, 2017

autodefensasPoder y barbarie en Veracruz y Cancún
Hijos de papi

Cobijados por sus progenitores, los Chacales del Rougier secuestran, drogan y violan a una menor; la historia recoge otros capítulos similares que involucran a funcionarios alemanistas y "El Niño Verde"

 

Jóvenes, ricos y poderosos, son los hijos de papi y de mami. Se les conoce como Los Chacales del Rougier o Los Porkis, una banda de cuatro juniors que en mayo del 2015 fueron denunciados por Javier Arturo Fernández Torres de haber violado a su hija, Daphne, menor de edad en Boca del Río, Veracruz, meses atrás.

Los responsables son Enrique Capitaine -hijo del ex alcalde de Nautla, Felipe Capitaine-, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, hijos de funcionarios y empresarios dedicados a la comisión de delitos contra mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que asistían al Instituto Rougier junto con la víctima.

La historia no es única. Se ha repetido con sus matices propios en los últimos años con funcionarios alemanistas y el senador Jorge Emilio González Martínez, el llamado "Niño Verde", en un caso que también involucró a una modelo búlgara, muerta en circunstancias extrañas en un apartamento de lujo en Cancún. 

Según los informes policiales, subieron por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de un Mercedes Benz en las afueras de una discoteca. Le quitaron su celular y la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro y, en el baño de la casa, abusaron sexualmente de ella, informa la revista Proceso.

Si bien la violación sucedió en enero de 2015, no fue sino hasta mayo cuando la investigación se abrió con la denuncia de Javier Arturo, pues fue hasta ese entonces cuando él se enteró después de que la joven decidiera contarle todo a su hermana mayor y posteriormente lo expuso ante el personal del bachillerato privado donde estudia.

Según Proceso, el padre de la víctima envió una carta a los padres de los cuatro jóvenes para pedirles tres cosas:

a) Que se disculparan con su hija y le dijeran por qué lo hicieron. Todo debería ser grabado en video pues ella tenía miedo de verlos en persona.

b) Que en cualquier lugar en el que estuviera la joven, ellos no podrían estar.

c) Que asistieran a un proceso terapéutico con el doctor Mario Ortiz Rovirosa, a quien el señor Fernández conoce personalmente y le fue recomendado.

Aunque los padres de los implicados se comprometieron a cumplir estas peticiones, sobrevino un desprestigio en redes sociales en contra de la familia Fernández Torres, por lo que se vieron obligados a proceder legalmente.

A un año de la tragedia, el señor Fernández Torres publicó hace unos días la carta que les envió a los padres de los violadores y un video en el que Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine confiesan su crimen y se disculpan con la joven. Ésto debido a que la familia de los jóvenes no respetaron el acuerdo establecido con la víctima y emprendieron una campaña de desprestigio en contra de ella.

Tanto la carta como el video se hicieron virales; en ambas publicaciones, el padre de la víctima pide el cese del hostigamiento contra su hija y su familia.

El tema cobró relevancia nacional pues se dice que esta banda está protegida por el gobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General de Veracruz, dirigida por Luis Ángel Bravo Contreras, quien aseguró que la grabación no tiene resonancia jurídica para el caso.

Bravo Contreras rechazó sin embargo que haya influyentismo en el caso de la presunta violación a la menor.

En una rueda de prensa, Bravo Contreras acusó de irresponsables a quienes piden consignar a un juez el caso de la menor abusada sexualmente y negó rotundamente que en este caso haya demora y opacidad. Agregó que está por reunirse con el padre de la víctima para explicarle de frente los términos en los que se encuentra la investigación. 
El funcionario admitió que el caso ha crecido mediáticamente y consideró que es justificable el hecho de que el padre de la joven haya decidido hacer público este caso, sobre todo tratándose de un delito tan grave como el que denuncia. "Es entendible que para él la investigación esté dilatando, entiendo su sentir y su percepción". 
Admitió que existe presión en este caso para que sea consignación ante el juez considerando que los probables responsables están confesos.

No obstante, aclaró que "lo más fácil para el fiscal general sería asumir una postura cobarde e irresponsable y turnar el expediente como está a un juez y a la única que afectaría sería a la víctima". 
Indicó que los elementos que la averiguación contiene no son los que se han venido manejando mediáticamente, "los elementos que la investigación contienen el debate de pruebas que señala la parte denunciante contra la parte de excepciones de la parte denunciada. La denunciante señala ciertos hechos lamentables y graves y los denunciados niegan y ambas partes aportan pruebas". 
En ese sentido, precisó que ambos escenarios el Ministerio Público debe tutelarlos sobre todo cuando existe el precepto de que en el caso de un inculpado no privado de su libertad, el MP tiene la obligación de recibir las pruebas que aporte y su obligación recibir ambas pruebas y en su oportunidad determinar conforme a derecho. 
"Hay comentarios que no concuerdan con algo real y que Veracruz tiene que enterarse que eso no es real. Hablan de que están confesos, los muchachos que son imputados, niegan haber cometido el delito. Ese diferendo, esa confronta de elementos entre lo que dice el denunciante con lo que dicen los jóvenes es lo que tenemos que dilucidar en vía de una investigación ministerial. Hablan de que unos videos por ahí que contienen una disculpa es la confesión, eso es totalmente falso", sostuvo el fiscal. 
"Esos videos, que al menos son los que yo he visto, no hablan de una confesión, hablan de una disculpa, ehh…. Se oyen por ahí otros escenarios. Ese video no es más que un indicio que sumado a otros elementos puede construir la verdad de lo que pasó ahí, pero para construir la… y no digamos construir, sino para llegar a generar en actuaciones esa verdad, necesitamos investigar, no es un asunto fácil de investigar, es un hecho de realización oculta, donde los imputados niegan haber cometido el delito, no por eso van a ser excluidos, porque evidentemente en la gran mayoría de los casos, el acusado, siempre niegan…", dijo. 
Interrumpido por una reportera quien le cuestionó de qué se disculpan; el fiscal respondió: "precisamente eso es lo que estamos investigando, pero no puede tenerse y que también suene fuerte y que lo oiga todo Veracruz, eso no es una confesión y no vale como confesión, ni como prueba, es un indicio que sumado a otras cosas que se han venido desahogando y que incluso los abogados de las partes conocen, porque conocen…aquí hay algo grave que no quisiera yo introducirme tanto, pero vale la pena porque he escuchado y eso confunde a la sociedad, he escuchado que le dan el rango de confesión a esos videos, que me lo diga el padre, merece todo mi respeto si no es abogado para saber el alcances tiene un elemento de prueba, pero he oído a quien es abogado y a pesar de que sabe, porque yo sé que sabe qué valor probatorio tiene ese elemento, lo ha manifestado, que confeso que cómo es posible que la Fiscalía no ha actuado. 
"No, de ninguna manera, eso habla de otro tipo de actores, de terceros que en nada presionan a la Fiscalía. Repito, la única presión que impone a la fiscalía es la ley y desde luego garantizar justicia a la víctima, a eso me comprometo, pero con las reglas del derecho. Conozco la averiguación porque a partir de esto que se ha venido haciendo muy público he tomado acuerdos con Consuelo y mi entere reconocimiento por el gran trabajo que ha hecho en este expediente. No habrá en la conclusión duda alguna de que llegaremos a la verdad, estamos llegando a la verdad", aseguró. 
El fiscal aseguró al padre y a la víctima total garantía de justicia y le envió un mensaje: "le ruego que nos dé la oportunidad de construir un expediente sólido, para realizar una investigación eficaz y procesalmente inobjetable" y apoyó el trabajo que en este caso realiza la subprocuradora especializada en investigación de delitos de violencia contra mujeres, Consuelo Lagunas. 
Tras calificar esta investigación como pulcra, el funcionario dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos turnó una queja a la Comisión Estatal para vigilar el expediente por lo que "ya tenemos observadores de DH en esta investigación y que la opinión pública vigile el actuar de la fiscalía". 
Reiteró; "es mentira que hay opacidad, es mentira que haya dilación, se está haciendo una investigación seria y tenemos el más alto compromiso con la víctima para que tenga justicia, pero el juez llegará al fondo cubriendo las reglas del juego y no satisfaciendo intereses de terceros que están demandando irresponsablemente la consignación del caso que aún no tiene la solidez que se requiere para tener la verdad bien a bien".

Y es que Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, son parte de la descomposición social de  muchos jóvenes adinerados,  a quienes les dieron todo lo material y nulos valores… Son niños de papi y mami, que  piensan tener el poder y el dinero para  hacer lo que sea y a cualquier precio… Pero algo no les salió bien…

En la carta,   el padre de la víctima hace una denuncia pública de manera concisa y precisa, sobre la grave situación que atraviesa, pues después del ultraje, los padres de los jóvenes delincuentes se dedicaron a manchar la honra de la joven y ventilar amenazas a la familia de la afectada: “Mi hija, menor de edad, fue subida a un auto en contra de su voluntad, fue privada de su libertad, fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada. En este aberrante suceso participaron 4 individuos mayores de edad: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodriguez Acosta… Esta carta la dirijo, a pesar de mi inmensa pena y dolor, a la opinión pública para enterar lo que han hecho las familias de los involucrados que, a pesar de saber lo que sucedió, a pesar de haber hablado conmigo, de haberse consternado por la tragedia, de haber reconocido los hechos, de haber filmado videos donde sus hijos se disculpan con mi hija por el gran daño que le hicieron, a pesar de todo esto, se han encargado de atacar, difamar y calumniar inmisericorde e inmoralmente a la víctima, con tal de evitar que sus hijos asuman su responsabilidad por el delito que cometieron”…

 Y de ahí nombra a los padres de violadores confesos, quienes en lugar de corregir el error, compensan a sus hijos, unos “retoños podridos”, que calumnian a la joven y señalan  ser mentiras,  lo señalado por la víctima… Jorge Cotaita y  Alicia Cabrales, los peores padres en ésta carta y son  señalados como cínicos e inhumanos, así como los peores cobardes y difamadores  de este penoso suceso…

Ante reclamos de moralidad y buenas costumbres de ésta familia, el video evidencia la clara responsabilidad de estos delincuentes confesos, estando presentes, Ricardo Fernández,  quien acudió  como mediador. En la misma reunión estaban Héctor Cruz y su hijo Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez y su hijo Gerardo Rodríguez Acosta… Y reclama el padre afectado: “Tú escuchaste la disculpa de tu hijo, tú aceptaste que se filmara el video como parte de las tres condiciones que les pedí para no proceder legalmente. Te recuerdo cuáles fueron las condiciones que les pedí para no proceder legalmente y que ustedes estuvieron de acuerdo e incluso, muy agradecidos porque estaban conscientes de la gravedad del delito cometido por sus hijos y esto era una oportunidad en sus vidas para no caer en la cárcel:

Que le pidieran perdón a mi hija (en video porque ella está traumatizada y no los puede ni quiere ver en persona).

Que si se encontraban a mi hija en cualquier lugar, tu hijo y sus cómplices tendrían que irse de inmediato.

Que fueran a terapia con un psiquiatra, quien por su perfil consideré la mejor opción en Veracruz para dar terapia a tu hijo y a sus cómplices, incluidos ustedes.

¿Por qué no cumplieron con estas absurdas peticiones? No lo sé, pero fue el primero de una serie de descomunales errores que han cometido en los últimos meses. ¿Por qué procedí legalmente? Porque es lo que se debe hacer en estos casos, porque es lo correcto, es lo justo y porque a partir del día siguiente de ese acuerdo empezaron a difamar cobarde y brutalmente a mi hija, estas difamaciones salieron de tu familia Jorge, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tus sobrinas, de tu cuñada, entre otros”…

El padre de la víctima fue acusado de extorsión, que buscaba beneficio económico por parte de los padres de los violadores confesos y una serie de difamaciones, aunado con amenazas a su persona, para aminorar el escándalo al conocerse el hecho ante la opinión pública… “El asunto está en manos de las autoridades competentes del estado de Veracruz,  con el número de averiguación INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I….Desafortunadamente a casi un año de haber denunciado y con elementos, evidencias y testimonios suficientes para consignar, no lo han hecho. Me pregunto ¿Por qué aún no los han consignado? ¿Serán verdad los rumores de que “ya tienen todo arreglado y no les harán nada” por ser parte de la alta sociedad y estar estrechamente relacionados con la clase política de Veracruz?”, declara el padre de Daphne…

Cabe mencionar, que los cuatro jóvenes delincuentes violadores y secuestradores  confesos aceptaron haber estado bajo influjo del alcohol y las drogas… No hay justificación del proceder de éstos jóvenes, aun cuando presuntamente haya sido por insinuaciones de la víctima… La violación tumultuaria y secuestro  debe pagarse con cárcel y aplicar una  fuerte sanción  para estos jóvenes, quienes pensaron,  que las relaciones políticas y el dinero compensan todos los errores…

Este nuevo caso hizo recordar lo sucedido en agosto del 2001,  con la averiguación previa, 386/2001 sobre la muerte por una tremenda  golpiza a  Manlio Humberto Palomeque Ruiz,  perpetrado por una banda llamada “Los Porkis” en Xalapa,  hijos de exfuncionarios del Gobierno de Miguel Alemán Velasco, entre ellos, Alejandro Montano Guzmán, Rafael Grajales Sansores, Ricardo García Guzmán, además de    Alejandro López Lúle, alias El Cepi”, quien fue recluido en el penal de Pacho Viejo acusado como autor material del crimen del joven Palomeque Ruiz y quien obtuvo el beneficio de la libertad condicional el 14 de febrero del 2006, sin que haya cumplido las tres quintas partes de su condena y liberado en extrañas circunstancias por la juez María Guadalupe Pérez García, al igual que a Miguel Contreras Forzán “El Negro”, según consta en la averiguación previa… También,  Alberto Navarra Velasco, alias “El Beto”, hijastro de un exfuncionario estatal y Cristian González y González, alias “El Tazz”,  hijo del ex contralor de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan Reinaldo González García…“Esto habla de impunidad y tráfico de influencias y todo mundo sabe que los integrantes de la banda de “Los Porkys” son hijos de funcionarios alemanistas”, aseguró y siempre lo ha dicho el padre de la víctima  Manlio Palomeque Acevedo…

De igual forma hay quienes recuerdan otro caso de un político rico y famoso, involucrado en el escándalo que siguió a la muerte de una modelo búlgara en abril de 2011.

Según un reportaje publicado en la revista Luces del Siglo de Quintana Roo, la modelo búlgara Galina Chankova Chanev fue violada e intentó defenderse de sus agresores antes de lanzarse desde un balcón en una fiesta organizada por Jorge Emilio González Martínez, alias “El Niño Verde”.

El 2 de abril del 2011, se difundió en medios la fotografía de una joven búlgara que, supuestamente, había cometido suicidio al lanzarse de un balcón de un lujoso departamento propiedad del “Niño Verde” en el piso 19 del complejo Emerald en Cancún.

La versión oficial es que Galina Chankova Chanev se encontraba ebria y en un descuido tomó un objeto punzocortante con el que se lesionó intencionalmente las muñecas, posteriormente corrió al balcón, desde donde se arrojó y perdió la vida.

En ese tiempo, el “Niño Verde” negó categóricamente que ese departamento fuera de su propiedad, pese a que los guardias del complejo aseguraban que era de él y que hacia fiestas todo el tiempo. Días después, el periódico Reforma documentó que, efectivamente, él era el propietario de dos lujosos departamentos del complejo Emerald, el 19 B y el 19 C, que fueron fusionados. Ante ello, González Martínez admitió que los departamentos eran de su familia pero negó rotundamente haber asistido a la fiesta.

Galina Chankova había sido contratada por una agencia de modelos para que trabajaran en la fiesta organizada por el ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, según declaró el búlgaro Mario Pidev, operador de la agencia de modelos internacionales.

Mario también dijo que él habitaba el departamento donde ocurrieron los hechos y que se lo había prestado Jorge Emilio, verdadero propietario del inmueble.

Nueva evidencia reveló que minutos antes de aventarse desde el balcón del piso 19, Chankova fue violada e intentó defenderse de sus agresores.

De acuerdo con el dictamen del médico forense Alberto Domínguez, Galina presentaba huellas de que había sido violada “por el ano”, provocándole desgarramientos y que la cortada con arma punzocortante que llevaba en la mano era herida en defensa.

Ante la revelación de esta información, el senador Jorge Emilio González Martínez envió una carta a los medios de comunicación en la que acusa al portal Luces del Siglo por difamarlo.

En la misiva titulada “Ni evidencia, ni nueva”, Jorge Emilio afirma que desde 2011 el caso fue resuelto por la autoridad. En seis puntos, el legislador niega que el departamento es de su propiedad; afirma que no asistió a dicha fiesta; que la Procuraduría de Quintana Roo no tuvo imputaciones para su persona; que no tiene amistad con Mario Pidev; que esta “nueva evidencia” es un intento de difamación con tintes políticos y electorales.

 

 

 

 

 

 

 

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