Jueves Octubre 18, 2018

 Investigan a testaferros de Borge en paraisos fiscales.
 
Cajas en Cancún, pieza clave en desvíos y desaparición de lo saqueado.

Tras descubrirse la existencia de diversos prestanombres que ayudaron a Roberto Borge Angulo a sacar su malhabida fortuna de Quintana Roo y llevarla hasta otras naciones para ocultarla, las investigaciones en torno a los testaferros del ex mandatario estatal se extendieron a más de 20 países, algunos de los cuales son considerados como paraísos fiscales.

Redacción VisionMX

Durante la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada en la Ciudad de México, y luego del intercambio de información a nivel internacional, quedó al descubierto que por medio de testaferros que colaboraron con el ex mandatario estatal, miles de millones de pesos fueron a dar a las arcas de países considerados como paraísos fiscales, merced a la benevolencia de sus políticas financieras.

En el evento de la AIAMP, en el que participaron Ministerios Públicos y Fiscales de Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España y Portugal, acordaron los titulares ahondar sus indagatorias a fin no sólo de ubicar el destino de los dineros sucios, sino buscar la manera de que el gobierno quintanarroense pudiera recuperarlos.

De acuerdo al intercambio de información, trascendió que se han logrado identificar hasta el momento a no menos de seis personajes, entre ex colaboradores, empresarios y amigos que sirvieron como prestanombres de Borge Angulo, sin embargo, por la secrecía que guarda la carpeta de investigación, sus nombres se mantienen en reserva para no alertarlos.

¿CÓMO Y POR QUÉ SE DESCUBRIERON LAS CAJAS?

Borge Angulo gobernó Quintana Roo de abril de 2011 a septiembre de 2016, y pese a que desde el inicio de su gestión se detectaron malos manejos, desvíos, maniobras ilegales y la complicidad de buen número de sus colaboradores, amigos y parientes, entre ellos sus mismos padres, la existencia de las cajas donde guardaba buena parte del producto de sus fechorías se conoció hasta un año y un mes después del término de su mandato.

Roberto Borge debería de haber estado presente el 25 de septiembre del 2016 en la toma de posesión de su sucesor, Carlos Manuel Joaquín González, pero ante el cúmulo de señalamientos en su contra optó por ausentarse y a partir de esa fecha se dedicó a viajar por todo el mundo.

Estaba tan seguro de que no procederían en su contra que nunca se ocultó, se entregó a sus viajes de placer y ni siquiera estuvo enterado cuando se giró la orden de aprehensión en su contra, derivada de la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016 que se inició por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue hasta la mañana del 5 de junio del 2017, apenas cinco días después de que el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Federal Penal había girado la orden de captura, cuando se enteró que la Procuraduría General de la República había iniciado acciones en su contra.

Pero hasta ese momento tampoco se sabía nada de las cajas de la empresa de valores First National Security, que se habían convertido en almacén y escondrijo de buena parte de lo saqueado por Borge y sus compinches.

Dos meses y cinco días después, el 10 de agosto del mismo año fue detenida en Puebla, Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety, una ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal que fue cesada de la corporación por pérdida de confianza y que, a la postre, se convertiría en la jefa del Cártel de Cancún, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS/PUE/0000740/2017, integrada por el agente del Ministerio Público de la Federación, Édgar Rivero Díaz.

Esa fue la pauta para dar con las primeras cajas utilizadas para ocultar el producto de actividades ilícitas, dos de ellas pertenecientes a la ex policía venida a narcotraficante, pero aún no se sabía que Borge utilizara la misma estrategia para ocultar el producto de sus fechorías.

Tras la inspección a los valores de “Doña Lety”, asegurados el 9 de octubre del 2017, surgieron varios nombres entre los documentos guardados por la mujer y así se conoció la existencia de otras dos cajas, propiedad de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Roberto Borge Angulo, quien tenía como única beneficiaria a Mariana Zorrilla Erales, ex presidenta del DIF y ex esposa de Borge Angulo.

En dichas cajas, fueron surgiendo más y más nombres de cómplices del ex gobernador y de la narcotraficante y en consecuencia se procedió al incautamiento de las otras mil 536 cajas que formaban el conjunto de la referida compañía de resguardo de valores. 

Tras la masiva requisa de las cajas y la revisión de las mismas, se descubrieron rastros en varias de ellas de depósitos y transferencias de millonarias cantidades a paraísos fiscales de diversos países y fue entonces que empezó a sonar fuerte el nombre de Roberto Borge Angulo, de sus familiares, de sus colaboradores y de muchos de sus allegados.

En algunas de las cajas se encontraron joyas, barras de oro, colecciones de relojes de oro, droga, armas y millonarias cantidades de dinero en pesos, dólares y euros, así como documentación con nombres de personajes ligados al ex gobernador y a ex funcionarios borgistas con “Doña Lety”.

También se descubrieron libretas con cuentas bancarias en Aruba, Isla del Hombre y otros paraísos fiscales, cuyo fin es el blanqueo de capitales, así como “drop boxes” (cajas de embalaje), relacionadas con documentación de la mafia cubana dedicada a la trata de personas y de miembros de la mafia rusa, con fuerte presencia en Quintana Roo.

Se encontraron también tarjetas de crédito, diseñadas para robar en cajeros; tarjetas bancarias y de tiendas departamentales, en blanco, vacías, sin número y sin nombre, como las que se utilizan para clonar plásticos auténticos o para usurpar la identidad de alguna persona; chequeras, agendas, facturas, títulos de propiedad, documentos de identificación de empresarios que fueron secuestrados y documentación diversa que podría haber sido utilizada como parte de actividades criminales.

Entre quienes aparecieron como dueños de algunas cajas, figuraron lo mismo familiares, ex colaboradores, políticos, escoltas, choferes, amigos y empresarios que, de una u otra manera, estuvieron vinculados al ex mandatario estatal o a la narcotraficante.

Hubo protestas de los ahorradores honestos, que exigieron la devolución de su dinero y de sus pertenencias, por lo que el 16 de noviembre comenzó la entrega que se prolongó hasta el 6 de diciembre, lapso en el que fueron devueltas a sus propietario mil 70 cajas. Hasta esa fecha no se había registrado ningún movimiento por lo que se dispuso que las 470 cajas no reclamadas fueran llevadas a la subdelegación de la PGR.

Esa situación se mantuvo así, casi estática, aunque durante el mes siguiente fueron devueltas otras 19 cajas, haciendo un total de mil 89 entregadas y el 16 de diciembre del 2017, se determinó suspender la entrega de las mismas, por lo que todavía están en poder de la PGR 451 cajas.

Fuentes de la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), confirmaron de manera extraoficial que entre los nombres de los ahorradores que contrataron los servicios de la empresa de seguridad y que ante el temor de ser ligados al crimen organizado, optaron finalmente por no reclamarlas, figuran:

Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, Marciano Toledo Sánchez y su hijo José Luis Toledo Medina, “Chanito”; Gabriela Medrano Galindo y su hermana Jeannina Medrano, Remberto Estrada Barba, Fabián Enrique Vallado Fernández, Agustín Lara Souza, Roberto Borge Martin, padre del ex mandatario; César Celso González Hermosillo y Melgarejo (quien ya fue detenido), abogado de la familia Borge; Ángel Tapia Chávez, Gaspar García Torres, ex procurador y José Guillermo Abdelnur Vanegas, entre otros.

Dos de esos ahorradores generaron especial peculiaridad en el caso: el expresidente municipal de Benito Juárez (Cancún) Paul Michel Carrillo de Cáceres y Enrique Alejandro de la Cruz Palacios Pineda, ex subsecretario del Trabajo en la Zona Norte de la entidad.

Estos dos personajes, como no pudieron reclamar de manera personal sus cajas, enviaron a familiares y allegados a reclamar los depósitos. El ex edil de Cancún, mandó a su hermana Thally Carrillo de Cáceres y el ex subsecretario, a su madre, la señora Rosa Nelly Pineda.

Se dijo que en una de las cinco cajas que poseía el ex munícipe cancunense, se hallaron 12 millones de dólares, además de joyas de altísimo valor, acciones de diversas empresas, cuentas bancarlas e incluso una lista con nombres de algunas personas que fungieron como prestanombres.

Tras el operativo, algunos medios de comunicación y varios periodistas recibieron un mensaje, a través del whatsapp, con el siguiente texto: “La familia Ancona Teigell recurre a su buen corazón para ayudar y apoyar a nuestro hermano Santiago, representante legal de las cajas de seguridad First National Security, difundiendo las arbitrariedades de la SEIDO, la Marina y la PGR”.

El mensaje había sido enviado a través de las redes sociales mediante la plataforma Change.org, por la señora Ana María Ancona Teigell, hermana de Santiago, dueño de la empresa de resguardo de valores,.

Por otra parte, la clientela de First National Secutity está compuesta no sólo por particulares, sino por ex servidores públicos, ex directores de periódicos, cónsules honorarios de diversos países, empresarios hoteleros, restauranteros y de otros rubros, incluso hasta miembros de la delincuencia organizada.

Asimismo, la operación fue resultado de una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con la PGR con el apoyo la Secretaría de Marina (SEMAR), luego de que una fuente (testigo colaborador), revelara que en las cajas había armas y documentos que podían hacerse líquidos con fines de blanqueo de capitales, , señalan informes de inteligencia.

EL MISMO BORGE ANGULO LLEVÓ A LA PGR A SUS CAJAS

En principio, luego de su captura, el ex gobernador fue llevado al penal de El Renacer, donde a través de sus incondicionales Fabián Vallado y Agustí Lara Souza (también con cajas de seguridad en Cancún), obtuvo toda clase de privilegios: celular, comida especial, una celda exclusiva para él y otras prebendas, a grado tal que se le hizo fácil  planear la manera de escapar de dicha prisión, para lo cual trató de sobornar al personal de custodia.

Sin embargo no le dio resultado y en consecuencia se dispuso que fuera cambiado de prisión y se le trasladó a la cárcel central de la Policía Nacional de Panamá, donde su situación cambió radicalmente.

Con el antecedente de que ya había tratado de evadirse, se le sometió a una estrecha vigilancia, lo que aprovechó su abogado, Carlos Eugenio Carrillo Gomila, para violaciones a sus derechos humanos, ya que dijo que lo tenían “como guacamaya”, en una jaula y que era objeto de tratos humillantes, incluso advirtió que su cliente se pondría en huelga de hambre, amenaza que Borge no llevó a cabo pues, según el litigante panameño, hubiera resultado mortal para su cliente.

Ya ante la inminente extradición, a la que primero se opuso rotundamente y después terminó por allanarse, Borge intentó borrar, desde la prisión en que se hallaba y antes de ser traído a México, cualquier evidencia que lo relacionara con las cajas.

Empero, tanto él como su equipo de abogados cometieron una garrafal pifia: olvidaron que por sus antecedentes de intento de fuga las autoridades carcelarias ordenaron que fueran grabados todos sus movimientos las 24 horas del día.

No obstante, en una de sus últimas reuniones en la cárcel de la Policía de Panamá, Borge Angulo citó a uno de sus abogados en la celda que ocupaba y ahí mismo se puso a darle instrucciones comprometedoras.

Una de las primeras indicaciones era que agotaran toda clase de  recurrieran a cualquier recurso para impedir que fuera extraditado a México (aú no se había allanado a la petición del gobierno mexicano) y la otra que tenían que rescatar, de una de esas cajas, un video en el que aparecía Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, recibiendo dos bolsas repletas de billetes.

La entrega la habría hecho el entonces secretario de Finanzas del Estado, Juan Pablo Guillermo Molina, actualmente prófugo, para que Martínez Arcila saliera, a manera de madruguete, a anunciar el triunfo de José Mauricio Góngora Escalante y la derrota de Carlos Manuel Joaquín González, a la gubernatura de Quintana Roo.

El video habría sido grabado por órdenes de Roberto Borge Angulo y, según comentarios que él mismo ex mandatario hizo a sus abogados que lo representaban en Panamá, había que recuperarlo de inmediato de entre una de las cajas de seguridad donde había sido guardado.

Con tales evidencias, el gobierno panameño de inmediato se lo comunicó al gobierno de México y de esa manera la PGR contó con mayores elementos para llevar a cabo el aseguramiento del total de las cajas de la empresa First National Security.

Se desconoce si la PGR ya encontró el video y lo tiene en su poder o si por el contrario, los abogados pudieron rescatar la grabación, pues se comenta que hasta la fecha el multicitado video sigue siendo buscado por las autoridades, pues a pesar de que ya fue capturado Góngora Escalante, no se ha dicho nada en torno a la grabación.

Se dice que entre los avances logrados, ya fue posible identificar a más de media docena de quienes fungieron como prestanombres del ex gobernador, sin embargo por la secrecía de la averiguación y para no alertar a los implicados, las autoridades se reservan su identidad.

Ahora, con la colaboración de los gobiernos que forman parte del AIAMP y que ya trabajan de manera conjunta en el aspecto financiero, con el testimonio de algunos de sus cómplices que se convirtieron en “testigos colaboradores” a cambio de beneficios y con la identificación de la media docena de sus testaferros, se estima que en breve sea posible acopiar mayores elementos inculpatorios contra Borge y, principalmente, lograr la recuperación de los dineros llevados a paraísos fiscales.

     

 

24 de septiembre 2018

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