Miércoles Diciembre 12, 2018

 

•Más de 128 mil asesinatos en el país de 2013 a la fecha, en 2018 van 21 mil 857.

Peña Nieto y el sexenio de la muerte

La fúnebre estadística y la triste realidad muestran con crudeza: en esta administración sexenal de Enrique Peña Nieto ha privado Incapacidad, ineptitud, complacencia, sometimiento connivencia o complicidad ante el crimen organizado, que  ha sumido en la violencia al país entero.

 

Por Salvador Martínez García

México alcanzó la cifra más alta en homicidios dolosos en un año al llegar a 25 mil 339 muertos en 2017, pero en este 2018, del que falta aún más de una cuarta parte, se han roto todos los records  desde que se lleva este letal registro, con aumento de 20 por ciento. El crimen sigue en dramático  aumento.

La violencia criminal y el fracaso institucional para enfrentarla se presentan en el país desde décadas atrás, pero fue el 11 de diciembre del 2006, en el naciente sexenio de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico. Paradójicamente, desde entonces, año tras año ha crecido la delincuencia.

No son solo los asesinatos, con decapitados, descuartizados, torturados, encajuelados, enterrados en fosas clandestinas, colgados o desintegrados en ácido, sino el pleno reino del delito que va de la producción, tráfico y venta de narcóticos hasta el control de la prostitución, pasando por el plagio, la trata de personas, el tráfico de órganos, la extorsión,  el chantaje y el robo de gasolinas.

La impunidad es rampante como lo apuntan las estadísticas e informes de todos los especialistas y organizaciones dedicadas al estudio de este renglón, como México Unidos contra la Delincuencia, Reinserta, INEGI, México Evalúa, DEA, PGR o el Observatorio Nacional Ciudadano. Ni siquiera el uno por ciento de los casos denunciados se esclarece y culmina en sentencia, afirma Impunidad Cero.

La pobreza, lo ha dicho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es una de las principales causas de la delincuencia. Los factores de la pobreza son múltiples: escaza educación, violencia intrafamiliar, carencia de servicios públicos  y urbanos, hacinamiento, falta de oportunidades laborales, hambre y demás factores.

El tejido social está roto y por ahí se pierden los valores; los jóvenes, hombres y mujeres se convierten en presas fáciles para el reclutamiento y la explotación,  por ahí fluye sin límite el recurso humano para el crimen organizado, que crece día a día.

México Evalúa ha dicho que “la violencia extrema es un rasgo de un Estado de Derecho fallido” y se podría agregar que también es un Estado social fallido, en el que no sólo reina la impunidad sino también, su hermana mayor, la corrupción, los primodelincuentes saben que con unos miles de pesos salen en días, semanas o cuando mucho meses de la cárcel, sea en el Ministerio Público (fiscalía) o en los juzgados.

El triángulo madre de la violencia se compone de impunidad, corrupción y delincuencia, las historias que lo acreditan se cuentan a diario en las redes sociales, son innumerables las historias de víctimas y familiares de víctima que sufren  por la impunidad de los victimarios, la corrupción con la que bloquean las investigaciones y el triunfo del delito que determina el fracaso de las instituciones.

Más gasto público, más crimen

Sin embargo y pese a todo ello el gasto en seguridad pública y justicia por parte del gobierno se ha cuadruplicado en doce años sin éxito  alguno. Ni el mayor armamento, ni el aumento de elementos de seguridad ni su supuesta capacitación han dado fruto.

En 2006 se destinaron 82 mil 017 millones de pesos, para este 2018 la suma se elevó a 261 mil 341 millones de pesos. En doce años se gastaron 2 billones 432 mil 856 millones de pesos  en seguridad y justicia por parte del gobierno federal, más lo destinado por Estados y municipios.

Todo para nada, porque en los 12 años de gasto público ascendente contra la delincuencia y el crimen organizado se llega a la espeluznante cifra de 238 mil asesinatos dolosos y tan solo de enero a agosto de este 2018 van 21mil  857 ejecutados, 20 por ciento más de lo registrado en el mismo periodo de 2017.

A ese inútil gasto habrá que sumar el costo de la violencia en la economía nacional que se estima en 21 por ciento del PIB, al valorarse en 4 billones 72 mil millones de pesos su negativo impacto, de acuerdo al Índice de Paz México 2018.

Antaño, fue Sinaloa el primer estado estigmatizado por la violencia del crimen organizado, hoy no escapa entidad alguna, llámese Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Edomex, Nayarit, Colima, Michoacán, CDMX, etc.

El grado de avance del crimen organizado es tal que el propio  Presidente Peña Nieto ha aceptado que hay zonas del país controladas por el narco, la pérdida de soberanía y del control real de gobierno es notable, los hechos de Iguala de hace cuatro años son prueba irrefutable de la cooptación, por decir lo menos, de autoridades municipales por parte del crimen, y así hay decenas de ayuntamientos sometidos.

Y la danza de cientos de cadáveres no identificados de la Fiscalía de Jalisco, descubiertos en trailers con cámara frigorífica en plena zona metropolitana de Guadalajara, habla por sí mismo de cómo las instituciones son rebasadas por el crimen.

Por comisión o por omisión el gobierno federal ha sucumbido ante la delincuencia organizada, esta administración nada tiene ya qué hacer, la responsabilidad en su combate está desde hoy puesta en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, el reto es mayúsculo su propio estado Tabasco, esta bañado en sangre.

La eficacia de su anunciada estrategia de amnistía a los criminales se ha puesto en duda por los especialistas y ni López Obrador o su equipo en Gobernación o seguridad pública han sabido precisar sus términos, alcances, objetivos y metas.

Peña Nieto fracasó, entregará en dos meses, si no el país en banca rota, sí  la institucionalidad quebrada y dependerá de López Obrador recobrarla o seguiremos bajo el signo de la muerte.

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24 de septiembre de 2018

 

 

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COLATERALES
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Acribillan a cinco en Acapulco, este sábado

Acapulco, Guerrero, 23 de septiembre de 2018. Dos enfrentamientos a balazos distintos, uno entre policías del estado y hombres armados, dejó el saldo de dos hombres acribillados, además de tres hombres asesinados a balazos y un automóvil incendiado, ayer durante la jornada violenta en Acapulco.

Policías del estado se enfrentaron a balazos con civiles armados en la colonia Simón Bolívar, asentada en las inmediaciones de la Emiliano Zapata; el saldo un hombre muerto.

El hecho violento fue reportado después de las 4 de la tarde entre las calles Ayacuacho, cerca de la escuela secundaria Rafael Ramírez Castañeda 117, a un costado de un canal pluvial, indica el informe de la Policía del Estado.

Linchamientos por la debilidad institucional

Leonardo González Torres, del Colegio de Psicólogos, dijo que los linchamientos se dan ante una sensación de falta de justicia efectiva, en respuesta a una cultura de la violencia y tanto los delincuentes, como las personas que los linchan son por esta misma razón delincuentes y ambos provienen de esta sociedad violenta.

Las lapidaciones no son justificables nunca a pesar de ser producto de una cultura de la violencia, el ataque masivo a algunas personas son una respuesta desesperada frente al crimen, pues se supone que a quien se lincha es culpable de haber cometido un delito.

A eso es a lo que comúnmente se le llama “justicia por mano propia”, y se hace a partir de que la población no ve que el Estado ejerza justicia, hay debilidad institucional, señaló González Torres, comisionado de Políticas Públicas del Colegio de Psicólogos.

Violencia policiaca contra jóvenes al ser detenidos

San Luis Potosí, SLP.- El 21.6 por ciento de los adolescentes detenidos que radican en San Luis Potosí reconocieron haber sido víctimas de violencia física, reveló la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2017. 

A nivel nacional, el 50.2 por ciento de los adolescentes que se encontraban en el Sistema de Justicia Penal sufrió algún tipo de violencia física al momento de su detención. De ellos, el 87.5 por ciento fue pateado o golpeado con las manos y 44.8 por ciento fue golpeado con objetos. 

El diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que al 41.9 por ciento le aplastaron el cuerpo o alguna parte del mismo, al 34.6 por ciento le impidieron respirar, al 32.9 por ciento le dieron descargas eléctricas, al 29.1 por ciento lo ataron, el 5.5 por ciento sufrió algún tipo de violencia sexual, al 5.1 por ciento lo quemaron y al 3.8 por ciento lo hirieron con arma blanca.

 

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0 #1 profile8572 31-10-2018 11:10
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