Domingo Julio 23, 2017

FernandoCÚPULA POLÍTICA

NUEVO SISTEMA JUDICIAL, LUCES Y SOMBRAS

  • No hay mecanismo para evitar corrupción
  • El 80% considera que la policía no es confiable
  • Festina EPN una transición que durará 7 años
  • En algunos estados tardará hasta ¡40 años!
  • México copió e importó un modelo de los EE.UU
  • Olvido de Peña: falta capacitar a 117 mil policías
  • Casi 70 mil ministerios públicos no están preparados
  •             Además hay un déficit de 22 mil policías preventivos
  •             Malos tiempos para la justicia nacional: ministro Cossío

 

       Calificado por el Presidente Enrique Peña Nieto como "la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años", el pasado 18 de junio de este año, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal es una copia que se importó del modelo de Estados Unidos de Norteamérica -el cual costó un dineral en dólares- y tardará su real aplicación en todo el país por lo menos siete años, aunque en algunos estados se llevará once y en otros más, ¡hasta 40 años!, dado que México no se preparó para esta transición. Además de que la debilidad de éste es precisamente el primer eslabón de la cadena de justicia: la detención, hecha por el policía, elemento caracterizado por una gran corrupción en su actuar.

En esta reforma judicial "no hay mecanismos" que atiendan este factor, advierte  Layda Negrete, investigadora de México Evalúa, quien agrega que "el ciudadano tendría que tener una forma efectiva de denunciar a la policía y no morir en el intento, y que los policías que son obligados a detener personas indebidamente pudieran denunciar a sus superiores".

Como fue informado desde Palacio Nacional, donde se realizó una ceremonia minutos antes de la medianoche para dar el arranque a este nuevo Sistema en el primer minuto del día 18 de junio, que curiosamente se brindó como si fuera una cena de fin de año de parte del Primer Magistrado -con copa de vino blanco en mano-  este nuevo esquema tiene como objetivo hacer "juicios más transparentes, sencillos y menos costosos, además de respetar derechos humanos que en el viejo sistema inquisitorio quedaban rebasados, como la presunción de inocencia. 

"Entre las novedades del esquema acusatorio están los juicios orales en audiencias públicas --cuyas instalaciones costaron una gran erogación al Estado mexicano, por cierto--,la reparación de daños antes de una sentencia y la posibilidad de purgar penas sin ir a prisión", como se informó por la Presidencia de la República. 

Desde el escritorio, todo se ve perfectamente, hasta el mismo Presidente Peña consideró que "con el paso del tiempo, el (anterior) sistema de justicia penal mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada, ante un aumento de la violencia e inseguridad que se registró en el país durante la primera década de este siglo", pero, oh sorpresa, los datos que empañan el llamado "momento histórico" para México  con la implementación de este esquema son demoledores:

A 45 días antes de la inauguración oficial de este nuevo sistema, conforme al Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) el evaluar los avances del país y de cada estado en materia legal y judicial, se descubrió que "ni una sola entidad ha llegado al estándar fijado para el 2014, lo que concluía que no se estaba cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas.

 

FALTÓ Y FALTA CAPACITACIÓN  

 

Entre las principales razones de este atraso están la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la ministración de justicia; la disparidad de criterios de actuación entre cada Estado y el constante cambio en las autoridades impartidoras de justicia, de acuerdo a reportes del Centro de Investigación y Docencia Económicas  (CIDE), destacando en el informe preparado para este asunto que "el gran pendiente es la capacitación a la Policía, que es el primer contacto que tiene la víctima al denunciar un delito". 

Según este documento del CIDE, el número de oficiales preventivos capacitados para el nuevo sistema acusatorio es de 22 mil 535 y falta capacitar a 117 mil 567 en todo el país, en tanto que el personal penitenciario capacitado es de 4 mil 121 y faltan por capacitar 69 mil 501.

A esa distancia, o sea a 45 días del arranque presidencial de este nuevo sistema estas cifras significaban un rezago de 94.40 por ciento en la capacitación al personal carcelario y de 88.74 por ciento en la policía preventiva. 

A esto se suma otro factor, que el número de elementos -capacitados o no- también es insuficiente. 

El CIDAC advierte que en México hay un faltante de 21 mil 992 policías preventivos. Para que se dé una idea, tan solo en el Estado de México hay un déficit de 6 mil de estos elementos policiales, más  mil 500 de investigación y 500 ministerios públicos. 

El estado de Veracruz, caracterizado por el saqueo de recursos públicos por el gobernador saliente, Javier Duarte, de acuerdo a señalamientos de Animal Político que ha hecho excelentes reportajes sobre el multimillonario desvío de los mismos y un crecimiento de la deuda del estado superior a los 46 mil millones de pesos, tiene un faltante de mil 500 policías preventivos; Baja California, donde hay un juicio oral por cada 102  causas que ingresan, y el estado de Guerrero, donde hay una "difícil situación particular", es muy problemática la transición al nuevo sistema acusatorio, según el CIDAC.

También a lo complejo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio están los datos que tiene la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, como son de que el 92.8 pór ciento de los delitos no se denuncian y los que no derivaron en averiguación previa, en todo el país, 

Estas cifras reflejan la "total desconfianza de los mexicanos en la justicia" en México, ya que según el CIDAC el 32 por ciento de los encuestados dijo que la denuncia "es una pérdida de tiempo" y el 16.8 por ciento no denuncia porque desconfía de la autoridad.

 

MODELO ESTADOUNIDENSE 

 

En un artículo crítico, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz, recordó que antes de pasar del modelo inquisitivo al acusatorio penal, en México fueron tanto los problemas acumulados a lo largo de los años que se siguió la moda latinoamericana determinada desde los Estados Unidos de América, emprendiéndose una importante transformación en este sistema de justicia penal.

"El cambio comenzó con una reforma constitucional construída con la narrativa de los defectos existentes, la búsqueda de justicia y los beneficios esperados. La evidente necesidad de hacer algo se alineó bien desde las agencias estadounidenses, se pagaron muchos dólares para que entusiastas académicos nacionales diagnosticaran lo sabido y propusieran lo que se hacía en varios países de la región. Tan serios análisis fueron tomados en cuenta para una reforma constitucional mezclada con otra que buscaban distinguir entre delincuentes ordinarios y organizados", afirma el ministro de la SCJN.

Se refirió a la reforma constitucional de 2008, la cual sumó la visión de quienes imaginaron un derecho procesa garantista y un derecho penal para enemigos sociales. Se abrió un razonable plazo de ocho años para hacer los ajustes necesarios al híbrido, que se venció el pasado 18 de junio. 

Recuerda que los académicos metidos a diagnosticadores comenzaron a medir los pocos avances y los magros resultados. En la media que se hizo necesario el trabajo técnico y no ya la apología, abandonaron el campo. Los legisladores y las administraciones no tomaron en serio el plazo constitucional para las transformaciones. Suponiendo una contrarreforma, dejaron hacer y dejaron pasar, ni leyes, ni capacitadores, ni recintos, ni transformaciones se dieron en aquellos años. 

En el 2011 se hizo la reforma de derechos humanos y juicio de amparo, a la gran cantidad de derechos constitucionales que se habían dados a procesados, víctimas y ofendidos, se agregaron muchos otros de fuente internacional. Se estimó que los cambios poco tenían que ver con lo penal. Tal vez, cita el ministro de la Suprema Corte, se supuso que los nuevos derechos humanos no podían beneficiar a las malas personas. 

A los meses comenzó a entenderse que una y otra reforma se aplicarían conjuntamente y que los procesados tenían nuevos derechos. Se encendieron las alarmas y se tomó la decisión de no posponer el nuevo proceso penal. 

Las autoridades supusieron que el nombre de "reforma judicial" agotaba el ámbito de las transformaciones, que la tarea a realizar era para los jueces y por los jueces. Policías, peritos, defensores y fiscales quedaron marginas al no estar nombrados en el objeto a reformar.

De esta forma, las profesiones y sus organizaciones se ausentaron, los abogados no se actualizaron ni capacitaron; sus escuelas y facultades no generaron cambios educativos y los de medicina siguieron enseñando su anticuada medicina legal. Los medios de comunicación no formaron nuevas fuentes ni transformaron las existentes y los servicios periciales siguieron siendo los mismos de siempre, concretiza Cossío Díaz. 

 

LAPIDARIAS PALABRAS DE CANTINFLAS 

 

Con este panorama, el ministro de la Suprema Corte advierte que los "daños sociales e individuales que las omisiones y errores acumulados (con este nuevo Sistema de Justicia Penal en México)  habrán de producir serán cuantiosos. "Los chivos expiatorios constituirán rebaño. Los yo-se-los-dije y los yo-lo-sabía estarán en boca de muchos. Las apelaciones a nuestra cultura jurídica y el rechazo a los extranjerismos no tardarán en llegar. Las baterías se enfilarán a los jueces, primordialmente de amparo, pues a ellos les corresponde garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.

"Como ya pasa, de ellos (los jueces) se dirá que no comprenden lo que auténticamente quiso hacerse con la reforma", subrayó.

Y recordó al filósofo Cantinflas, que como decía, "en México, pase lo que pase, nunca pasa nada, y cuando pasa, ya decíamos que ib a a pasar". 

Remata el ministro : "Malos tiempos para la justicia nacional".  

En contraposición, María de los Ángeles Fromow, responsable del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal no cree que México necesite otros once años para concluir la transición, sino "sólo cino".

Rechaza que exista una falta de coordinación entre las instituciones, ya que ellos tienen "una metodología diferente" al de otros organismos. 

Cautelosa dijo que se avanzó considerablemente, pero "todavía falta para la consolidación". 

En una entrevista dijo que se irá viendo que es necesario, se fortalecerán algunas áreas de capacitación, se adecuarán modelos, protocolos, etc.

 

UNA POLICÍA CORRUPTA

 

Las encuestas de la percepción de corrupción en las autoridades a cargo de la seguridad pública en el pais son dramáticas. Por ejemplo, el 77.9 por ciento de la población de 18 años y más considera a la policía de tránsito corrupta; a los preventivos municipales se les califica igual en un 66 por ciento; a los jueces, un 65.6 por ciento; a los ministerios públicos, un 64.8 por ciento; a las Procuradurías estatales, un 64 por ciento; a la policía estatal, un 63 por ciento; a la policía ministerial o judicial, un 62.4 por ciento; a la PGR, un 57.2 por ciento; a la policía federal, un 54.6 por ciento, al ejército un 25.1 por ciento y a la Marina un 17.3 por ciento, conforme a una estadística de marzo a abril del 2015.

Expertos en la materia como Alonso González, entrevistado por el periódico El País, asegura que con este nuevo sistema no hay mecanismos suficientes para controlar la extorsión policiaca, ya que las denuncias por un intento de extorsión se deben presentar ante el órgano interno de la misma policía o ministerio público, lo que resta imparcialidad a la denuncia. 

En cambio, otro vocero de la Unidad de la Fiscalía para este nuevo sistema, señala que la corrupción será disminuida con la nueva figura de juez de control, que determinará, desde un principio, si la detención de una persona fue legal o no, antes de pasar a un juicio. 

Empero, este juez no conocerá a las personas que cometan un delito si fueron liberadas por un policía que recibió dinero, caso muy frecuente en estos cuerpos encargados de la ministración de la justicia. 

A días de que arrancó este nuevo sistema judicial, en la mayoría de los ministerios públicos se les pasa un formato a los detenidos para que desistan de un asesor victimal, dado que no hay porque hay un déficit en este campo.

Son los vicios que ya se están dando y, así, hasta que la transición dure cinco, siete, once o hasta 40 años, cosa que no se dijo en la inauguración de este nuevo sistema penal en Palacio Nacional. Como dijera Cantinflas, aunque ya esté muerto pero sigue vigente con esa frase arriba citada. 

 

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