Sábado Marzo 25, 2017

AUNQUE PESE

Mal Gobierno Exhibido.- Ante la contundencia del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluye que en México “la procuración de justicia es una simulación", por lo que se “atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años", la respuesta del gobierno resultó de risa loca.

Con toda claridad la CIDH señala que al emplear el gobierno a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se ha “desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos” y se observa una falta de rendición de  cuentas conforme a los estándares internacionales.

El informe irritó al Gobierno del presidente Peña, al grado de emitir un comunicado conjunto por parte de las secretarias de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, en el que destaca que lo dicho por la CIDH “no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la comisión, además que ignora más de 50 años de avances, desafíos, (y) cambios estructurales”

La virulenta respuesta gubernamental es desmentida con simplemente hojear los diarios cualquier día, ahí se da cuenta de la alta criminalidad, de la violación a los derechos humanos, de la corrupción y de la carencia de instituciones que procuren realmente la justicia.

Por ello es valioso que la CIDH ponga el dedo en la llaga y sostenga que bajo el régimen actual no se ofrecieron "cambios sustanciales" en políticas de seguridad mientras “continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como inseguridad de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Para la CIDH, y para los mexicanos, la respuesta estatal a esta realidad “enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación”, y si hay duda presenta datos duros como el asesinato de 151 mil 233 personas del 2006 a agosto del 2015 y la desaparición de 26 mil 978 personas al 30 de septiembre pasado.

Otro dato contundente de la CIDH es que la PGR al mes de abril de 2015 tenía 2 mil 420 investigaciones por tortura en trámite pero solo hay 15 sentencias condenatorias, lo que evidencia la ineficiencia en las indagatorias.

Para qué citar ya los casos emblemáticos de Iguala, Tlatlaya y Apatzingan o el más reciente de Tierra Blanca, todo nos lleva a que "la falta de acceso a  la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana.

Pero además, no ha sido solo la CIDH la que ha señalado las deficiencias en el gobierno mexicano, también la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, en su informe 2015 asegura que los grupos del crimen organizado son una amenaza constante para el orden publico y la seguridad en muchas partes de nuestro país, a través de los asesinatos, secuestros y la corrupción.

El informe cita que “hay indicios de que la fabricación ilícita de metanfetamina con destino al mercado ilícito estadounidense se ha incrementado. El número de laboratorios de metanfetamina descubiertos en México ha aumentado considerablemente desde 2008, y el volumen incautado de la droga en la frontera con los Estados Unidos se ha multiplicado por tres desde 2009”.

Más pruebas no es posible presentar y ante ello la administración peñista solo ofrece oídos sordos y ojos ciegos.

SUSURROS                                                                                                                   

Rafael Moreno Valle, el tortuoso gobernador de Puebla, tendrá que dar respuesta a dos graves reclamos hechos denunciados desde el Senado, agilizar las investigaciones sobre robos de hidrocarburos que en su administración se ha incrementado en  600 por ciento y hacer pública la información sobre Evercore (propiedad de Pedro Aspe), que fue contratada por el gobierno poblano para administrar por 50 años los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas que espera recaudación por 22 mil 540 millones de pesos. En ambos casos todo huele a corrupción.

Otro gobernador insoportable para sus gobernados es Javier Duarte, que en Veracruz tiene a todos sometidos cual vil dictadorzuelo. Se espera que pronto caiga pero no sería por corrupto, sino solo porque desde el Centro quieren allanarle el camino al candidato priista a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, quien en su haber tiene también historial de abusos, excesos y hasta amenazas de muerte a periodistas. A ver si no salen de Guatemala para entrar a Guatepeor.

 

 

 

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